La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles 11 de marzo de 2026 la detención en centro carcelario de los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett, del Partido Conservador, y Karen Astrith Manrique Olarte, representante de las curules de víctimas, dentro de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión judicial también incluyó la acusación formal por el delito de cohecho impropio contra otros cuatro dirigentes políticos: la senadora Liliana Esther Bitar Castilla, y los congresistas Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Estos continuarán vinculados al proceso, pero en libertad mientras avanza el trámite judicial.
Según la investigación de la Corte, los hechos se remontan al segundo semestre de 2023, cuando los legisladores hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia encargada de conceptuar sobre las operaciones de crédito externo que adelanta el Gobierno nacional.
De acuerdo con el expediente, algunos congresistas habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de respaldar el trámite de créditos solicitados por el Gobierno. Como contraprestación, presuntamente se favorecería la asignación de contratos y proyectos financiados por la UNGRD en varias regiones del país.
La investigación menciona tres proyectos específicos que estarían relacionados con ese supuesto acuerdo, ubicados en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar, los cuales incluían obras y contratos de interventoría ligados a la gestión del riesgo de desastres.
Tras analizar el material probatorio recopilado durante la etapa investigativa, la Sala concluyó que existen indicios suficientes para avanzar a la siguiente fase del proceso penal y formular la acusación contra los implicados.
En el caso de Manzur y Manrique, el alto tribunal consideró necesario imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras se desarrolla el proceso judicial.
La Corte también ordenó informar la decisión al Congreso de la República, con el fin de que los legisladores sean suspendidos de sus funciones mientras avanza el proceso penal, conforme a los procedimientos aplicables a los congresistas investigados.
Una vez la decisión quede en firme, el expediente pasará a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que será la encargada de adelantar el juicio y determinar si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.