La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió un documento de 10 páginas al presidente del Senado, Lidio García, solicitando que se pronuncie sobre la posibilidad de que Wadith Manzur se posesione como senador desde la cárcel el próximo 20 de julio.
Manzur se encuentra privado de la libertad por decisión de la Corte, tras ser señalado de participar en hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la defensa de Manzur, “aunque las medidas de aseguramiento sean constitucionalmente legítimas, no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos”, lo que implicaría, en su criterio, la “prohibición absoluta de materializar el acto de posesión”. Asimismo, se solicita aclarar si la medida también genera una imposibilidad absoluta de ejercer el mandato representativo derivado del voto popular.
Al despacho del magistrado Misael Rodríguez, encargado de investigar a los seis legisladores de la Comisión de Crédito Público vinculados al escándalo, llegó un derecho de petición de un ciudadano identificado como Francisco Javier Araujo, natural de Cereté, Córdoba, solicitando que se garantice la “posesión de senador electo” en el caso de Manzur.
Manzur se entregó el 12 de marzo de este año a la Fiscalía para responder por sus presuntos vínculos con el escándalo de la UNGRD y fue imputado por el delito de cohecho impropio. En el mismo proceso, la representante a la Cámara Karen Manrique, quien fue reelegida el pasado 8 de marzo, también fue asegurada.
El Senado deberá definir si permite que Manzur asuma su curul a pesar de estar privado de la libertad, un hecho que podría abrir un debate sobre los límites de los derechos políticos frente a las medidas judiciales.