La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, visitó este lunes Valledupar junto a Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, en una jornada en la que expuso sus propuestas de campaña y lanzó cuestionamientos tanto a la política de seguridad del Gobierno Petro como a los resultados electorales del Pacto Histórico.
Durante su intervención, Valencia centró parte de su discurso en las votaciones obtenidas por el Pacto Histórico en las elecciones legislativas, señalando que una proporción significativa de sus apoyos provendría de zonas con alertas de riesgo electoral. Según la candidata, el 52 % de los votos de esa coalición se habrían registrado en regiones catalogadas como “zonas rojas” por la Misión de Observación Electoral.
Las revelaciones sobre el caso de alias Calarcá demuestran que el gobierno ha dejado que los grupos ilegales utilicen las mesas de negociación para tomarse el país. El 52 por ciento de los votos del Pacto Histórico salió de las zonas con mayor riesgo electoral por la presencia de… pic.twitter.com/j30Gh3KFoG
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 30, 2026
A partir de esa cifra, Valencia planteó dudas sobre las condiciones en las que se desarrollaron los comicios en dichos territorios, sugiriendo posibles presiones de actores ilegales sobre los votantes. En su declaración, cuestionó si en esas áreas se estarían repitiendo prácticas de intimidación que afectarían la transparencia del proceso democrático.
La candidata también vinculó estas preocupaciones con sus críticas a la política de “paz total” impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que esta estrategia habría permitido un mayor fortalecimiento de grupos armados ilegales en varias regiones del país. En ese contexto, mencionó denuncias recientes sobre hechos delictivos atribuidos a estructuras en negociación con el Estado.
Valencia sostuvo que, a su juicio, la expansión de economías ilícitas y la presencia de actores armados en municipios del país coinciden con los resultados electorales en ciertas zonas, lo que, según afirmó, debería ser objeto de mayor análisis y control institucional.
Las declaraciones se suman al debate político en torno a las garantías electorales y el impacto de la seguridad en los territorios, un tema que continúa generando posiciones encontradas entre los distintos sectores políticos del país.